Pareciera que es necesario ser de los CDR catalanes, y haber sido pillados “in fraganti” montando bombas, para que la fiscalía de la Audiencia Nacional atienda sus quejas, ponga su interés en el tema de las filtraciones judiciales y decida investigarlas.
Es de agradecer, aunque al final todo acabe como aquella investigación solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que abrió diligencias informativas sobre el caso ‘Palma Arena’ que investigaba el juez José Castro Aragón, con la finalidad de esclarecer las filtraciones en la instrucción del sumario tras la denuncia que presentó el abogado defensor de Jaume Matas, pero que quedó en agua de borrajas.
Las filtraciones en los juzgados, más exactamente las vinculadas al secreto de los sumarios son, por más que comunes, despreciables. Los hechos son muchos y escandalosos, los procedimientos utilizados y el aprovechamiento periodístico, la necesaria connivencia, la auténtica organización entre algunos medios de comunicación y funcionarios de la Administración de Justicia en hechos así que no solo inmorales sino también delictivos son materia de escándalo. Y no son hechos aislados.
Las filtraciones son un verdadero cáncer en España, un modus operandi que se reproduce en no pocos sumarios con gancho político o morbo mediático. No hay más que seguir la prensa.
Y sin embargo las filtraciones se podrían evitar, el problema es que nuestro sistema procesal lo permite. Si el responsable solo fuera el fiscal puede que no hubiera filtraciones, o en última instancia se podría identificar la procedencia de la filtración. Algo que ya se da en la fiscalía del Tribunal Internacional o en la mayoría de países de la UE”.
Un juez, un fiscal, un secretario judicial, un oficial de la administración de justicia, un funcionario del juzgado, un policía judicial, todos ellos, pero solo ellos, tienen acceso al secreto de sumario y solo ellos, en consecuencia, tienen la capacidad de filtrar sumarios que en seguida se difunden como un reguero de pólvora en los medios de comunicación.
Al hacer que el sumario se filtre y llegue a los medios la presunción de inocencia se va al carajo. El medio ya se encargará de juzgar y sentenciar en el mismo titular. Se impone el juicio paralelo, la pena mediática, el linchamiento, la vulneración del honor de los imputados, de su intimidad, de su imagen, la destrucción de su vida profesional y a veces familiar. La filtración de un sumario declarado secreto no es solo un delito; es sobre todo la destrucción de personas, haciendas, trayectorias, reputaciones. Es la muerte civil. No solo eso: es el final de la independencia judicial.
Perdóneme el lector si en este punto recojo un muy interesante análisis del digital El Toro del pasado Setiembre de 2019, que bajo el titulo “El escándalo de las filtraciones judiciales en España” hacía el análisis siguiente:
“¿Se imaginan ustedes a fiscales o a policías filtrando sumarios a los medios de comunicación para que el juez se sienta condicionado por la opinión pública, por la voz justiciera de la calle, incluso cuando lo que se filtre sean conjeturas, suposiciones, hechos aún no probados?
Cuando el juez tiene que dictar el auto de transformación, cuando debe tomar la decisión de archivar un asunto o de abrir juicio oral y procesar a los investigados, la propia presión mediática provocada por la filtración crea un estado de opinión que tiende a influir, condicionar y a veces determinar la resolución judicial, que deja de esa manera de ser independiente y justa. Hay muchas maneras de alterar la independencia judicial, y una de ellas es sin lugar a dudas la de las filtraciones. No digamos si además detrás de la filtración hay intereses corporativos, políticos, empresariales, económicos o mediáticos. Hay que ser muy valiente, a veces casi heroico, para desimputar a personas a las que previamente y durante largo tiempo los medios de comunicación han acusado de crímenes y la opinión pública ya ha declarado culpables. Es entonces cuando el justiciable pierde en España las garantías a un proceso judicial justo.
La filtración de un sumario no es solo un delito y un hecho inmoral reprobable, sino la quiebra del Estado de Derecho realizada desde el propio ámbito judicial.
Hubo dos juristas en España cuyo programa de gobierno en el ámbito de la fiscalía era precisamente terminar con la lacra de las filtraciones. El buen Magistrado José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, muerto prematuramente en Buenos Aires en Noviembre de 1917, y el Fiscal Manuel Moix, nombrado por el anterior Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción y al que montaron un ridículo y absurdo escándalo mediático que le costó el cargo. Moix cometió el error de declarar públicamente no solo que iba a tomar medidas contra los filtradores sino que, además, había que estudiar medidas para evitar su publicación, sancionando a los medios que lo llegaran a hacer, pues no en vano estaban actuando como cooperadores necesarios de un delito de revelación de secretos.
A Moix le costó el cargo: el Gobierno de Rajoy decidió tirarle por la borda. Nadie, desde entonces, ha tomado el testigo de aquellos dos hombres justos, y las filtraciones, como antes de su llegada, siguen siendo legión.
La filtración es un delito execrable. Pero nadie investiga las filtraciones en España. Ni siquiera se inician las investigaciones de oficio. Por eso las filtraciones se han hecho habituales. Esa certeza de que nadie va a investigar el origen de la filtración no solo genera una evidente impunidad sino que además tiene un efecto llamada indudable”
Si no hay a quien se pueda hacer responsable de lo que ocurra en un Juzgado y no hay ni jueces ni fiscales que abran investigaciones por este tipo de hechos, la impunidad está garantizada, la quiebra del Estado de Derecho normalizada y la destrucción de personas asegurada. Hoy juzga la prensa lo demás da lo mismo.Pues eso
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