Lo que ocurre en este país nuestro no ocurre en ningún otro país de Europa. La “okupación” se ha convertido en el mantra a seguir no solo por el eterno perroflautismo de cierta izquierda, sino que se ha convertido en un negocio prospero para mafias e inmigrantes ilegales al amparo de la dejadez del gobierno Sánchez.
Lo increíble es que, ante la magnitud que esta cobrando este problema en España, una resolución del Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo dada hace solo unas semanas, ordenaba a los Ayuntamientos empadronar a los “okupas”. No importa su no titularidad de la vivienda que han usurpado o su entrada violenta e ilegal en la misma. Basta con que se demuestre la “habitualidad” en el uso de esta, aunque no se sea el propietario ni el poseedor legítimo.
Llevar a cabo esta disposición puede favorecer, sin duda alguna, el hecho de que los okupas puedan acceder a cualquiera de los mecanismos subvencionadores posibles creados “ad hoc”, como el ingreso mínimo vital, si es que alguna vez lo dan, generando con ello un voto clientelar cautivo, casi nada.
Esta locura okupa que vive España, la padecemos debido a una legislación penal y civil laxa y un funcionamiento judicial que eterniza los procedimientos de desahucio e imposibilita la recuperación del inmueble y esto está empoderando más todavía a los inmigrantes y a los delincuentes.
La cuestión esta llegando a tal extremo que los okupas no dudan ya en aconsejarse por abogados o en irse de vacaciones a Ibiza, tras okupar una casa en Barcelona, y al volver y ver que el propietario ocupa su casa, denunciar por okupa al verdadero propietario, la astracanada final.
Sin embargo la amenaza okupa llegó a su punto crítico cuando los vecinos de la urbanización de Eurovillas en Nuevo Baztán (Madrid) asistieron desesperados a la cacería de chalés que habían emprendido numerosos okupas en la zona.
Un total de 52 viviendas han sido ya usurpadas, un verdadero escándalo que viven con enorme sufrimiento los afectados. Fue por eso que los vecinos se movilizaron, pero ante las caceroladas, los okupas amenazaron con quemar las viviendas y parece ser que cumplieron su amenaza.
Eso si,la cosa cambia si eres reportera de Telecinco y afín a Podemos, te echan los okupas de tu casa en 24 horas, pero si eres un ciudadano anónimo, espera sentado. Y es que solo un día después de la denuncia de Susana Ramos, cuando muchos españoles sufren el mismo calvario durante meses o incluso años, la Policía Nacional actuó con una sorprendente eficacia entrando a la vivienda a patadas y portando un mazo para desalojar a los delincuentes.
Pero a los españoles de a pie no nos pasan estas cosas. Muy al contrario, por regla general la mayoría de los afectados por una okupación quedan tirados y abandonados a la intemperie legal, a la espera de procesos interminables mientras su casa, sus fotos, sus papeles, sus recuerdos se ven destruidos por estos indeseables
Ahora bien, si se trata de blindar la mansión de Pablo Iglesias o de liberar la casa okupada de un periodista de una cadena afin que además recibe suculentas subvenciones por parte del gobierno, se actúa con la inusitada celeridad que nos gustaría para todos y prueba que esta es posible.
Que se lo digan si no a tantas y tantas personas, sobre todo mayores, que han sufrido en sus propias carnes la okupación de sus viviendas y todavía, después de más de un año, están a la espera de una resolución judicial para poder recuperarla.
Este Gobierno no va a solucionar este problema a corto plazo, son muchos votos de izquierda los que están en detras, pero este país se ahoga en los lodos okupas y el caos social como consecuencia de estos gobernantes llenos de filias ideológicas antisistema, como Colau y Podemos, así como de enemigos de la propiedad privada y del orden público.
En base a esta situación son especialmente apreciables y bienvenidas iniciativas como la de la Cámara de la Propiedad de Barcelona, que, junto al resto de cámaras catalanas, pide al fiscal en jefe de Cataluña que permita los desalojos de okupas en domicilios de primera o segunda residencia sin necesidad de una orden judicial. Y es que esto es lo que debería de ser.
La okupación es un problema mucho más grave de lo que parece y, salvo que se tomen medidas drásticas, irá en aumento. Pero es que además hay un elemento incuestionable, y es el derecho a la propiedad privada, recogido por la Constitución de todas las democracias. No puede invocarse otros derechos a costa de este. El “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (artículo 47 de nuestra carta magna) no faculta para okupar la casa de otro
La crisis que sufrimos y la que esta por venir hace que muchas personas no solo sufran ahora sino que inevitablemente sufrirán su impacto y deben ser atendidas dignamente. Por ley y por justicia. Pero lo que no es razonable es que esa atención la tenga que asumir un particular que haya tenido la mala suerte de que le toque lidiar con un okupa.
Pues eso
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